DIGI "aTADOS"
DIGI “aTADOS”: información sensible y negocios de datos
enero 9, 2017
DOCU_GRUPO
EL REMEDIO EQUIVOCADO: Supresión de la cobertura de medicamentos a jubilados
enero 10, 2017

¿TIENE TOPE LA EJECUCIÓN DE LOS DERECHOS QUE INVOLUCRAN AL ESTADO?

constitucion_nacional

Como en todo Estado Democrático, nuestra Constitución Nacional reconoce a todas las personas (residentes o transeúntes) un conjunto de Derechos y Garantías que implican, a su vez, un cúmulo de responsabilidades a cargo del Estado Nacional, puesto que es éste, digamos, ante todo el encargo de dictar las “leyes que reglamentan el ejercicio de los mismos” (de lo contrario sería imposible ejecutarlos).

Por su parte, y para ello, va de suyo la “Supremacía” jerárquica de la Constitución Nacional por sobre la legislación nacional (principio éste receptado en el art. 31 de aquella). Y ni que hablar de los Instrumentos Internacionales cuya inclusión al plexo constitucional ha sido declarado expresamente a partir de la reforma constitucional del ´94, mediante el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional (incluso con jerarquía supraconstitucional).

Sin embargo, la efectiva realización de tales derechos requiere, en la práctica, como condición sine qua non la afectación de partidas presupuestarias en tal sentido. Así, por ejemplo: no podría garantizarse el derecho a una vivienda digna sino se destinaran fondos (licitación mediante) para la construcción de viviendas, compra de materiales, pago de mano de obra, etc… Sin embargo, sigue habiendo gente en “situación de calle” (realidad inobjetable), con lo cual los fondos destinados en tal sentido parecen no ser suficientes.

Ante ello, la pregunta del millón sería: ¿es legítimo que el Estado alegue la ausencia de recursos para excusarse ante el incumplimiento (o postergación) de sus obligaciones? En otros términos: ¿es razonable que el respeto a los derechos constitucionales y supraconstitucionales sea condicionado, en cuanto a su eficacia, a la agenda presupuestaria?

He aquí planteada la cuestión cuya discusión procuran estas líneas. ¿Los derechos existen, ergo son exigibles, per se o en la medida en que haya fondos disponibles para su puesta en funcionamiento? ¿Utopía vs. realidad? ¿Idealismo vs pragmatismo? Una vez más, quizá, la vieja disputa entre el ser y el deber ser.

Para responder a esos interrogantes, no podemos perder de vista a los postulados de los arts. 1º inc. 3; 16 (hoy derogado) y 22 todos de la Ley 24.463[1] (Ley de Presupuesto), cuales analizados en forma aislada ponen en jaque el ya aludido principio de Supremacía Constitucional.

Estas disposiciones legislativas engendran descarnadamente un “nuevo principio ¿jurídico?”, cual que los derechos reconocidos en nuestra Carta Magna se encuentran protegidos si, y sólo si, hay recursos suficientes para ello.

La misma Convención Americana de Derechos Humanos (art. 26), Instrumento Internacional de índole supranacional, y consagrado constitucionalmente en nuestro país, obliga a los Estados Parte -en un único artículo- al reconocimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales “en la medida de los recursos disponibles”, infeliz frase que ha dado más de un dolor de cabeza a la hora de su interpretación, y que requirió un esfuerzo jurisprudencial a la Corte Interamericana para su superación.

El condicionamiento puede resultar lógico y conteste al más imperioso sentido común, sin embargo aceptar este principio implica, no sólo subordinar la Constitución Nacional y Tratados Internacionales a una ley (invirtiéndose la pirámide normativa); sino además limitar los efectos de las decisiones judiciales que declaren la legitimidad de un derecho. Es decir, la secuela involucra incluso a los otros poderes del Estado.

De esa manera, nada parece detener la inminente superposición económica al funcionamiento constitucional y supraconstitucional de un Estado. Así tenemos un Estado consagrador de derechos condicionado a la existencia del capital… Resultado obvio, tal vez, de un contexto globalizador a nivel mundial, que repercute con mayor ímpetu en los Estados periféricos.

Tal limitación también conlleva a todo Estado benefactor y paternalista (propios de países subdesarrollados o en vías de desarrollo) a no dar a basto, a dejar de lado, o postergar, la realización de algunos derechos (o mejor dicho los derechos de “algunos”), a elegir criterios demagógicos y arbitrarios en esa selección… en definitiva a ser parte activa entre los muchos factores del crecimiento, sobre todo en las últimas décadas, de la marginalidad y la exclusión social.

Este escenario es más que propicio para la propagación y aumento de los índices de “delincuencia” (sin decir con esto que sólo los sectores marginales delinquen), lo cual trae aparejado además el inevitable crecimiento y endurecimiento de políticas criminales (sanciones de leyes, incremento de causas judiciales, mayor accionar de las agencias policiales, etc… lo que paradójicamente incrementa a su vez la necesidad de recursos económicos, que en otro contexto podrían destinarse a la satisfacción del bienestar general). El maldito círculo vicioso que se retroalimenta y acelera cada vez con mayor impulso, perpetuando la mal llamada condición de “bananeros” de los países marginales.

Como intentamos ver, el desajuste que implica la subordinación al aspecto meramente económico de la consagración efectiva de derechos es enorme, pero ¿es evitable?

Finalmente y volviendo a lo que se ha planteado ut-supra, dejemos latente una inquietud: ¿EL PRESUPUESTO ES PREDADOR DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y TRATADOS INTERNACIONALES? – ¿LAS OBLIGACIONES PÚBLICAS SON ENTONCES IRRENUNCIABLES HASTA LA MEDIDA EN QUE HAYA CAUDALES DISPONIBLES? De ser irremediablemente así..: ¿QUIÉN/ES SE OCUPA/N DEL RESTO?

[1] Art. 1º, inc.3, ley 24463: “El Estado nacional garantiza el otorgamiento y pago de las prestaciones de dichos sistemas, hasta el monto de los créditos presupuestarios expresamente comprometidos para su financiamiento por la respectiva Ley de Presupuesto. El monto de los créditos presupuestarios anuales destinados al financiamiento del régimen previsional público no podrá ser inferior a lo asignado en la Ley de Presupuesto 24.447″.

Art. 16 ley 24463 (derogado por ley 26153): “La Administración Nación de la Seguridad Social podrá articular en su defensa la limitación de recursos en el régimen de reparto para atender al mayor gasto que se derivaría del acogimiento de las pretensiones del actor y su eventual extensión a los casos análogos”.

Art. 22 ley 24463 (modif. por ley 26153): “Las sentencias condenatorias contra la Administración Nacional de la Seguridad Social serán cumplidas dentro de los noventa días de notificadas, hasta el agotamiento de los recursos presupuestarios destinados a ello para el año fiscal en el que venciera dicho plazo. Agotados dichos recursos se suspenderá el cumplimiento de aquellas sentencias pendientes de pago, reanudándose el cómputo de los plazos para su cumplimiento a partir del comienzo del año fiscal para el que se aprueben nuevos recursos presupuestarios destinados a atender sentencias judiciales y hasta su nuevo agotamiento”.