5-rucci-master
José Ignacio Rucci
junio 5, 2017
imagen-bis
LA INSEGURIDAD PREVISIONAL COMO RESPUESTA
julio 8, 2017

REVOLUCIÓN DEL ‘43

3-peron-gou-master

Hace 74 años –el 4 de junio de 1943– un golpe de Estado ponía fin a la Década Infame, un período que se caracterizó por el fraude electoral, la corrupción, la complicidad de la Justicia, la represión y la dependencia. Pero también por inaugurar, en el contexto de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, nuevos procesos económicos que transformaron la sociedad y llevaron a la formación del nuevo sujeto político que, marginado pero constituido en un factor importante dentro del nuevo proceso de producción, comenzó a reclamar protagonismo en el terreno político. Serán necesarios un golpe, una revolución, una logia militar y un coronel para saber interpelar al sector que se convertiría en la base social del poder del peronismo.

El primer golpe de Estado de nuestra historia, en 1930 (el revisionismo dice otra cosa y nos recuerda a Dorrego), que puso fin al segundo mandato de Yrigoyen, marca el comienzo de lo que José Luis Torres célebremente bautizó como “Década Infame” (1930-1943). Gran periodista nacionalista reconocido como “el fiscal de la Década Infame” por haber investigado a fondo los negociados de gobiernos y empresas en perjuicio de los intereses públicos (por esta labor hoy es más recordado Lisandro de la Torre), también fue quien designara como “Fusiladora” a la “Revolución Libertadora”. No es ociosa la recordación: Torres fue uno de los teóricos del GOU y de la Revolución del ’43, y hasta es posible que haya sido él –si no Perón– quien redactara la proclama de aquel 4 de junio.

Volviendo a la Década Infame (a la que el más benévolo y destacado historiador Tulio Halperin Donghi llama “La República imposible”), ésta se inicia con las repercusiones de la mayor crisis en la historia del capitalismo, el crack de Wall Street.

En Argentina, los efectos de la crisis (inflación, devaluación, desocupación, disminución del ritmo del gasto público) perjudicaron gravemente la capacidad de consumo de la clase media. Sin capacidad de consumo, la clase media deja de ser tal, y por lo tanto le quita su apoyo al presidente Yrigoyen, quien además venía sufriendo un continuo desgaste de autoridad por la crisis interna que ya vivía el gobierno. Es que su propio partido, la UCR, se había escindido en 1924, entre quienes aceptaban el liderazgo de Yrigoyen (UCR personalista) y quienes lo consideraban responsable de una desviación de los principios de Alem (UCR antipersonalista).

Fue así que el golpe de Uriburu recibió el apoyo de todos los partidos importantes, a excepción de la UCR personalista. El objetivo que se alegaba era la restauración de la democracia y las instituciones, contra la “demagogia personalista” y la inoperancia de sus administraciones.

Luego de un efímero y fracasado intento por parte de Uriburu de un proyecto constitucional de tipo corporativista, los tres presidentes de la Década Infame (Agustín P. Justo, 1932-1938; Roberto M. Ortiz, 1938-1940; y Ramón Castillo, 1940-1943) provinieron de la Concordancia, una alianza política entre el Partido Demócrata Nacional (conservador), la UCR Antipersonalista y el Partido Socialista Independiente. Los tres accedieron al poder a través del fraude electoral, justificado como “fraude patriótico”. Así se volvió, virtualmente, a la situación previa a la Ley Sáenz Peña (1912), retomando la “doctrina de la pureza del sufragio” o voto calificado expuesto por Juan Bautista Alberdi: “Elegir es discernir y deliberar. La ignorancia no discierne, busca un tribuno y toma un tirano. La miseria no delibera, se vende. Alejar el sufragio de manos de la ignorancia y la indigencia es asegurar la pureza y el acierto de su ejercicio”.

Lo infame de esta década estuvo signado no sólo por el fraude, sino también por la política económica, siendo el Pacto Roca-Runciman (1933) de lo más controvertido del período, símbolo de la corrupción y el coloniaje.

La Justicia, por su parte, abriendo el largo historial de cuartelazos del siglo XX, fue infame hasta la complicidad, cuando días después del golpe la Corte Suprema de Justicia de la Nación emite su célebre Acordada legalizando la dictadura y reconociendo expresa e integralmente al gobierno de facto y la validez de todos los actos de sus funcionarios.

Asimismo, el modelo económico argentino (no digamos proyecto, ya que no hubo verdaderas planificaciones en este sentido) se reorientó a partir de la crisis del ’30. En el marco de una disminución drástica del comercio mundial que provocó una retracción de la inversión de capital fuera de los países, las economías entraron en un largo período de contracción y proteccionismo. De esta manera, en los países en que ya existía previamente al menos una plataforma industrial, se dio un proceso de industrialización por sustitución de importaciones debido a la escasez de divisas. Dicho de otro modo: en un mundo donde las potencias arruinadas (como Inglaterra) no compraban, sino que se encerraban en sí mismas (proteccionismo), los países periféricos productores de materias primas pero que ya contaban con una incipiente industria (como Argentina), tuvieron que desarrollar su industria nacional para suplir las importaciones que antaño recibieran (ISI: industrialización por sustitución de importaciones). Fue así que del crecimiento económico “hacia fuera” que se venía dando desde 1880, se dieron las condiciones a partir de 1930 para un crecimiento “hacia adentro” con el gradual desarrollo de la industria nacional.

Las consecuencias de este modelo –que, repetimos, no fue un proyecto, ya que no hubo una planificación desde el Estado, sino que se trató de medidas coyunturales–, las consecuencias fueron políticas, económicas y sociales. Políticas porque el proteccionismo implicaba una redefinición del rol del Estado (ahora debía regular, intervenir). Económicas porque la Argentina agroexportadora, por primera vez, se convirtió en un país donde la industria se constituyó en el principal motor de la economía. Y sociales porque la fisonomía de la sociedad argentina se transformó muy rápidamente cuando se detuvo la inmigración europea y los migrantes internos, llamados a engrosar desmesuradamente las zonas urbanas al calor de la industrialización, modificaron la composición de la clase obrera.

Sin embargo, al final de los ’30 y superado lo peor de la Depresión, las noticias de la época parecen relegar los asuntos domésticos a un segundo plano. La cuestión de la guerra en Europa, en torno a las posiciones a tomar (a favor de los ALIADOS: Reino Unido, Francia, EE.UU y la URSS; o a favor de la NEUTRALIDAD –pocas voces se pronunciaban a favor del EJE: Alemania, Italia y Japón), dividen y captan la opinión pública argentina. Igualmente, no nos engañemos: a las clases subalternas (peones, comerciantes, chacareros, artesanos) no les interesa en lo más mínimo el conflicto en la lejana, lejanísima Europa. Pero resulta un tema demasiado sensible para el Ejército, de cuyo apoyo el presidente Castillo no podía prescindir.

Al igual que en la opinión pública, las posiciones dentro del Ejército estaban divididas. Suele decirse que la mayoría de los oficiales del Ejército Argentino eran pronazis, lo cual es una exageración. Sucede que los militares, por formación profesional, por tradición y por empatía, eran menos propensos a tomar partido por la pérfida Albión, que amenazaba no sólo la independencia económica (con el Pacto Roca-Runciman) sino también la soberanía territorial (como ocupante ilegal de las islas Malvinas). Por otro lado, es cierto que además, desde la crisis del liberalismo político, existía en el seno castrense una simpatía por los llamados “regímenes de orden”, como la Italia de Mussolini o la España franquista. Es así que, leyendo el ánimo del Ejército, Castillo mantuvo siempre una estricta neutralidad. Igualmente, ésta obedecía a intereses económicos más permanentes: para seguir manteniendo el intercambio comercial con el Reino Unido era fundamental también mantener la neutralidad y así evitar cualquier tipo de represalias de parte de los países del Eje. El propio gobierno británico fue quien así lo requirió.

Tampoco la neutralidad se debía a una cautela diplomática ante la supuesta posibilidad del triunfo del nacionalsocialismo. Aquí los grupos de oficiales más bien se preguntaban por el futuro de la Argentina una vez finalizada la conflagración. ¿Qué sucedería con las industrias altamente dependientes del proteccionismo nacidas y desarrolladas gracias al modelo ISI que a su vez sólo se aplicaba en un contexto bélico? Y ¿qué suerte correrían los miles de obreros industriales? El conflicto en Europa significaba prosperidad en Argentina, pero las enormes transformaciones económicas y sociales producidas en los últimos años de una forma tan vertiginosa se verían interrumpidas de un momento a otro, con consecuencias sociales realmente peligrosas en cuanto que imprevisibles. Todo esto creaba una situación que de ninguna manera escapaba a la vigilancia de los militares –el Ejército también se ocupa del orden interno–, y que presienten que una inevitable crisis en ciernes del modelo llevará al levantamiento de las nuevas masas obreras que, poco integradas y con la mayoría de sus reclamos insatisfechos, se volcarían a la revuelta, agitada por el anarcosindicalismo y comunistas.

Con un fuerte descrédito político debido al fraude electoral y un modelo económicamente insustentable en el futuro cercano y socialmente considerado una bomba de tiempo, llega en 1943 el detonante del golpe que pondría fin a este ciclo. Se aproximaban las elecciones presidenciales y Castillo ya intentaba imponer la fórmula del conservador salteño Robustiano Patrón Costas, magnate de la industria azucarera y un confeso proaliado dispuesto a terminar con la neutralidad tan cara al Ejército. Por otro lado, el general Pedro Pablo Ramírez, ministro de Guerra, estaba en tratativas con los radicales en vistas a lanzar su propia candidatura, a lo cual el presidente Castillo reaccionó pidiendo su renuncia. Ramírez, a su vez, lo hizo derrocándolo. De esta forma, el 4 de junio de 1943, se dio el primer golpe de Estado en el que el Ejército participó autónoma e institucionalmente, bajo el comando de sus más altas jerarquías y sin participación civil.

Mucho se habla del GOU (Grupo de Oficiales Unidos), pero su participación en el golpe fue secundaria. Sin embargo, poco a poco, su programa iba a convertirse en el programa de la Revolución del ’43. Esta logia militar compuesta por jóvenes oficiales de rango bajo y medio (coroneles y tenientes coroneles) fue la que encauzó la Revolución, ya producido el golpe. Fue así que decidió el inmediato reemplazo de Rawson por Ramírez y luego por Farrell.

Al ver el programa del GOU comprendemos por qué se descree que la verdadera traducción de sus siglas sea “Grupo de Oficiales Unidos”. Hay otras versiones que indican que se trataba de “¡Gobierno! ¡Orden! ¡Unidad!” o “Grupo de Obra de Unificación”. Como sea, para el GOU la defensa nacional era el tema central, objetivo hacia el cual debían converger una serie de medidas políticas, económicas y sociales que se articularan para garantizarla. Económicamente, para la defensa era vital un desarrollo industrial (pesado) autónomo que posibilitara la independencia en materia de equipamiento militar. Políticamente, la intervención estatal era la herramienta más útil para dirigir ese proyecto. Y socialmente, fue el coronel Perón, figura eminente dentro del GOU, quien más que cualquier otro militar era consciente del carácter explosivo de la situación social argentina, conflicto en el cual él encontraba la gran amenaza a la unidad y defensa nacional.

Fue por esto que en diciembre de 1943, cuando pudo elegir su función dentro del gobierno de Ramírez, no dudó, ante el asombro de sus camaradas, en ocupar el modesto Departamento Nacional del Trabajo, convertido bajo su administración en Secretaría de Trabajo y Previsión.

Desde allí, donde además realizó en pocos meses una labor legislativa amplísima, el coronel supo interpelar desde un comienzo al nuevo sujeto político que influyó para construir la base social de su poder: los migrantes internos. Eran los nuevos trabajadores recién llegados a la ciudad y la industria con las migraciones provenientes del Interior, a los que Perón hizo confluir con los sectores de la vieja clase obrera, con cuadros en la vieja guardia sindical, que ya adaptados a la vida urbana y con una larga experiencia en la lucha, son conscientes y a su vez concientizan a sus nuevos compañeros de que Perón era el garante estatal de los derechos adquiridos. Así lo van a entender el 17 de octubre de 1945.

Juan Manuel Reche – Profesor de Historia