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EL REMEDIO EQUIVOCADO: Supresión de la cobertura de medicamentos a jubilados

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Con el latiguillo  harto utilizado por la gestión de gobierno, de un  supuesto fraude  contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), el día jueves 5 de Enero se comunicó a través del Boletín del Instituto,  por Disposición Conjunta N. 0005-17, que quedaba sin efecto la cobertura al 100% de medicamentos para los jubilados. Argumentando que el organismo había detectado la presencia de pasivos con abultado patrimonio,  entre los cuales algunos poseían lujosas propiedades, embarcaciones y hasta aviones, se justificó un recorte sobre uno de los beneficios asociados más valiosos para el universo de pasivos: el acceso a los medicamentos.

La justificación para el recorte, que en muchos casos puede ser letal, se asentó sobre 2495 casos sobre un total de 6.000.000 de jubilados y pensionados  lo que ya estaría demostrando en primer lugar la desmesura  de la medida. Teniendo en cuenta las características generales del conjunto  de dicha población, es por lo menos torpe  el diagnóstico que desliza la imagen de los  jubilados  como  un contubernio  de vivillos esquilmando las arcas del Instituto. Aunque la realidad tira por tierra ese relato ya que en  muchos casos perciben su haber jubilatorio y una pensión por cónyuge fallecido lo que les otorga un ingreso que apenas supera los diez mil pesos, otros han sido alcanzados por una cretina “Reparación Histórica” que les ha concedido sumas que en su mayoría no alcanzan  los 500 pesos, es decir,  ninguno de los casos se aproxima ni por asomo  a la taquilla de los más ricos  de la Revista Forbes. Sin embargo, para la Alianza Cambiemos todos aquellos que ganen más de un haber y medio, ergo 8491,50 pesos, estarían cerca de ser potentados y  quedan excluidos de la gratuidad de los remedios.

Entre las condiciones enunciadas en la Disposición,  para poder seguir accediendo a la prestación  además de no superar en pesos  el tope dispuesto, no podrá tenerse afiliación a un sistema de medicina prepaga así como tampoco registrar  un vehículo de menos de 10 años de antigüedad. De esto último se desprenden por lo menos dos cosas. En primer lugar, la comunicación oficial no lo explicita, por razones obvias, pero al decir vehículo no se alude únicamente automóviles, una vasta gama de posibilidades quedan comprendidas en dicha acepción, incluso motocicletas. Bien puede presumirse que cuando se ajuste la letra chica aparezcan  estos detalles, no menores,  ampliando  el número de beneficiarios  excluidos por la nueva regulación. Por otro lado, entre los pliegues de la novedad un plus de crueldad para los bien advertidos.  En cuanto al tiempo de adquisición del mismo visiblemente se refiere  a una compra  realizada durante los últimos años, les  restó decir durante la anterior gestión y así todo estaría aún más clarito, en cada medida resuena la voz del escarmiento.

De aquí en más se echa por tierra un derecho adquirido para dar entrada a un laberinto burocrático administrativo, a través de la realización de un Informe Social y  la elaboración de  una Escala de Vulnerabilidad Socio Sanitaria,  en donde el beneficiario deberá demostrar, bajo presunción de culpabilidad,  la “verdadera” necesidad a los fines de alcanzar la cobertura perdida. A esto último los nuevos gerentes de lo público le llaman equidad, nosotros sabemos sobradamente que esto es exclusión y ajuste.

09 de Enero 2017.

CEPID (Centro para la Investigación y el Desarrollo)