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SALIR DE LA IMPOSTURA, ESA ES LA CUESTION
febrero 14, 2017

Edad de imputabilidad criminal …¿solución o empeoramiento de la situación actual?

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Se ha instalado nuevamente el debate sobre la disminución de la edad de punibilidad criminal, como el aspecto más controversial (si se quiere) dentro del núcleo de medidas destinado a reformar el tratamiento penal de menores. Un debate, a mi modo de ver, presentado con argumentos algo fútiles desde el punto de vista jurídico y/o legal en virtud, principalmente, de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino y constitucionalizados a raíz de la reforma del ´94 mediante el art. 75 inc. 22 de la CN. Entre ellos, y sobre todo, la Convención de los Derechos del Niño (de ahora en más: CDN).

Si consideramos “niño” a todo ser humano menor de 18 años de edad (art. 1 CDN), debemos tener presente entonces que todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, deberán guardar una consideración primordial al llamado “interés superior del niño” (art. 3.1 CDN).

He aquí un primer punto de disidencia, a mi entender, con quienes pretenden la disminución de la edad de imputación penal, toda vez que dicha medida no parece receptar (al menos en los términos de la CDN) ese interés superior del niño. ¿O alguien acaso cree que es más favorable encarcelarlo que garantizarle previamente el cúmulo de derechos que enumeran la CN, la CDN y demás instrumentos internacionales?

En ese orden de ideas, el art. 4 CDN va más allá obligando a los Estados Partes a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la […] Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan

En ese orden de ideas, tampoco los DESC no han sido muy mencionados en este postergado (pero bienvenido) debate, sin embargo, la CDN (entre otros instrumentos internacionales) hace fuerte hincapié en la realización de los mismos, a punto tal de llegar a prever la cooperación internacional de ser necesario.

Entiendo pues, ya en términos estratégicos incluso, que la realización de derechos de ésta índole (además del debido cumplimiento a la CDN), constituyen incluso en la práctica medidas más eficaces de prevención delictiva, evitando de esa forma un posterior e inevitable incremento de menores en conflicto con la ley. Y aquí veo el meollo de la cuestión, cobra relevancia el famoso dicho: más vale prevenir que curar.

En tal sentido, considero mejor acatado el principio rector del interés superior del niño incrementando la población escolar, de clubes recreativos, de talleres instructivos, bibliotecas, centros de salud, etc… y no, precisamente, de institutos penitenciarios de menores. Esto no significa, desde ya, la abolición absoluta de los mismos; pero lejos de constituir casos excepcionales, el hecho de disminuir la edad de imputabilidad penal es una medida propicia a incrementar la población de niños en “establecimientos penitenciarios”. Una forma (colateral) de “ordinarizar” la criminalidad en menores de edad. Ello sin mencionar el perdurable estigma que implica el antecedente criminal en una sociedad aún prejuiciosa y un exigente mercado laboral, reacios ambos a segundas oportunidades. Una mancha de por vida. Un camino de ida con complicidad “institucional”.

Debemos tener presente también que el endurecimiento de políticas criminales (o concretamente de penas), mediante innumerables modificaciones en forma de “parches” al Código Penal, o creación de leyes especiales; no se traduce en una disminución proporcional de los índices delictivos respectivos. Un claro ejemplo lo encontramos en las denominadas reformas “Blumberg”, o en el art. 41 quater del CP (que agrava precisamente la pena de los adultos que delinquen con menores). Nada más parecido a intentar cortar el árbol por las ramas…

Somos conscientes de lo dificultoso que ya de por sí resulta hacer cumplir las leyes actuales (hablamos de jueces blandos, puertas giratorias, etc…), innecesario resulta complicar aún más la situación con la incorporación de nuevos sujetos justiciables (sujetos que en este caso son NIÑOS), con todo lo que ello implica además desde lo institucional. ¿Estamos preparados?

Para ello, nada mejor que instalar el debate en el obsceno libertinaje mediático, donde a través del reality televisivo se banaliza la figura del “niño delincuente” a la de una fiera atroz capaz de cometer los peores crímenes que uno puede imaginar so pretexto de ser impune por su temprana edad biológica (ej.: la cobertura del caso “Bryan”). Ello, sin embargo, no hace más que poner en evidencia una inocultable falencia del Estado a la hora de dar respuesta a los compromisos asumidos, sobre todo, en el plano internacional.

Dicho de otra forma: se aspira, aún más, a un Estado más bien Gendarme (distinto del Estado de Derecho) presente en la persecución penal de menores, pero ausente previa e impunemente a la hora de garantizarles la igualdad de oportunidades. Pero aún: se la reduce a la utopía.

Pues el acto ilícito per se no es el factor que consagra como “sujeto de derecho” a una persona para ser sancionada, sino que dicho status lo posee desde el comienzo mismo de su existencia como tal (de allí la obligación de los estados en la garantía de los mismos). De aquí que la cuestión no se traduce simplemente en la aplicación del derecho penal (que debe ser excepcional y que corremos el riesgo de estandarizarlo). Otra vez entra en vigencia la clásica disputa doctrinaria: ¿derecho penal de acto o de autor? ¿Criminalización de la pobreza?

Es aquí, percibo, donde debemos posicionarnos con la seriedad y el respeto que el tema requiere, abstraernos de toda “personificación” que se pretende generar desde lo comunicacional, y buscar soluciones responsables, ajenas a todo condicionamiento natural o a aquella sensibilidad innata que lógicamente está presente y repercute en nuestra condición humana.

Finalmente un aspecto que conviene abordar también, comprende el estado edilicio actual de los establecimientos penitenciarios. Lejos de ser “sanos y limpios” (como indican la CN y TTII), sabido es que carecen de condiciones mínimas de higiene y salubridad y que redundan en tratos humillantes y degradantes en reclusos adultos, peor aún ante niños de 14 años (salvando las distancias). Por lo que tampoco éste resulta un aspecto favorable de discusión para quienes impulsan la ampliación de la imputabilidad penal (ver art. 37 CDN). Reitero, no estamos preparados para ampliar la población de menores en establecimientos penales.

En conclusión, me resulta favorable la apertura del debate siempre que entren realmente en juego la totalidad de los factores que componen, en su real dimensión, la cuestión abordada.

Sin perder de vista que hablamos en su extensísima mayoría, y sin pelos en la lengua, de pibes provenientes de sectores sociales postergados, a los cuales (a mi entender) lejos de intentar incluirlos desde lo socio-cultural, se pretende continuar fomentando esa brecha que los separa, que los excluye, ahora con mayor criminalidad que antes… Casi dos siglos después, seguimos hablando de “civilización y barbarie”, nada parece haber cambiado desde entonces, sólo los actores y los escenarios. ¿En qué perdimos el tiempo?

Martín Rodríguez Luna.-