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Felipe Vallese
agosto 23, 2017
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COMPROMISO POR EL DERECHO A LA COMUNICACIÓN, EL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN NACIONAL
agosto 28, 2017

Derecho a la Ancianidad

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“Si somos peronistas, esto es: con espíritu solidario, cristiano y humanista, ¿Cómo desoír el llamado de la vejez?”

 “Los derechos de la ancianidad deben tener en nuestro continente, de norte a sur y de este a oeste, su total consagración como medida básica para que se imponga en toda la extensión del mundo. El drama de la vejez es un drama universal.”, con estas palabras Evita daba inicio a su discurso el 28 de agosto de 1948 en el Ministerio de Trabajo, solicitando formalmente al Poder Ejecutivo que dichos derechos fueran incorporados a la legislación, a la práctica institucional. Posteriormente serían incluidos en la Constitución Nacional de 1949. A partir de este acto, llevó a la conciencia del mundo lo más humano y lo más justo.

Desde la puesta en vigencia de la Fundación Eva Perón, (http://www.cepid.com.ar/fundacion-eva-peron-3/) la misma promovió la construcción de cientos de Hogares mixtos de Ancianos y se obtuvo la sanción de una ley que otorgaba pensiones a los mayores de 60 años sin amparo, en el marco de un conjunto de medidas sociales puestas en marcha por el gobierno de Juan Domingo Perón, en la construcción de una nueva etapa histórica cuyo capítulo inicial residiría en la dignificación del pueblo laborioso. La reparación de esas injusticias sobre los derechos que hasta ese entonces habían sido olvidados, va a convertirse en el principal motor de la Fundación en particular,  y del gobierno de Perón en general.    Había un sector del pueblo trabajador que llegaba al final de sus vidas huérfanos de cariño, económicamente incapacitados de satisfacer sus propias necesidades básicas, habiendo dedicado su vida entera a producir para los otros.

Fue una necesaria una revolución, y una Revolución con mayúscula para poder unir en un abrazo solidario, fraterno y amplio los dos polos de la vida; la infancia y la vejez” afirmaba Evita en parte de su discurso. La veneración y gratitud hacia los ancianos, aquel que entregó a la Patria y a la sociedad todas sus energías, necesita de esa misma sociedad para tener una vejez apacible a salvo de vicisitudes y adversidades doblemente dolorosas y tristes en la etapa final de la vida.

Los objetivos eran claros, comprendían la ancianidad integralmente.

Derecho a la Asistencia: Todo anciano tiene derecho a su protección integral por cuenta de su familia. En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer dicha protección, ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos o fundaciones creados, o que se crearen, con ese fin, sin perjuicio de subrogación del Estado o de dichos institutos para demandar a los familiares remisos y solventes los aportes correspondientes.

Derecho a la Vivienda: El derecho a un albergue higiénico con un mínimo de comodidades hogareñas es inherente a la condición humana.

Derecho a la Alimentación: La alimentación sana y adecuada a la edad y estado físico de cada uno debe ser contemplada en forma particular.

Derecho al Vestido: El vestido decoroso y apropiado al clima completa el derecho anterior.

Derecho al Cuidado de la Salud Física: El cuidado de la salud física de los ancianos ha de ser preocupación especialista y permanente.

Derecho al Cuidado de la Salud Moral: Debe asegurarse el libre ejercicio de las expansiones espirituales, concordes con la moral y el culto.

Derecho al Esparcimiento: Ha de reconocerse a la ancianidad el derecho de gozar mesuradamente de un mínimo de entretenimientos para que pueda sobrellevar con satisfacción sus horas de espera.

Derecho al Trabajo: Cuando su estado y condiciones lo permitan, la ocupación por medio de laborterapia productiva ha de ser facilitada. Se evitó así la disminución de la personalidad.

Derecho a la Expansión: Gozar de tranquilidad, libre de angustias y preocupaciones en los últimos años de existencia, es patrimonio del anciano.

Derecho al Respeto: La ancianidad tiene derecho al respeto y consideración de sus semejantes.

La Republica Argentina se convierte de esta manera en pionera al ocuparse de incorporar en su legislación los derechos de los adultos mayores. Meses más tarde, el 18 de noviembre de 1948, estos derechos fueron proclamados por el Tercer Período de Sesiones de la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. A  partir de esa presentación de la República Argentina en las Naciones Unidas, el resto de los países del mundo comenzó a desarrollar esta temática.

En Argentina tuvieron que pasar muchísimos años para vuelva a aparecer un gobierno que atienda las demandas y postergaciones de este sector social. Recién en el año 2003, el presidente Néstor Carlos Kirchner iba a restaurar ese acto de justicia política, económica y social, ajustando un Sistema Solidario de Reparto a la medida del nuevo proyecto de país, más inclusivo y menos desigual, que se buscaba alcanzar. Para lograrlo,   promovió leyes de moratoria previsional, la creación de un Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para, precisamente, garantizar la sustentabilidad del sistema previsional argentino. Esa legitimación va a ser profundizada por su sucesora. Es el gobierno de la Dra. Cristina Fernández quien recuperara los fondos privados de jubilaciones para que vuelvan a ser administrados completamente por el Estado Argentino, actualizando también las moratorias que pudieran ampliar la cobertura de una mayor cantidad de ciudadanos, y garantizando dos aumentos por año con la ley de movilidad para que no queden con salarios de pobreza. A su vez, vehiculizó mediante un sistema de créditos del Estado (ANSES), la posibilidad de que obtuvieran créditos sin tasas usurarias, de manera simple y automática. De esta manera, el Estado volvía a garantizar, con la solidaridad de su sistema y cooperación de su sociedad, una vida más digna a los adultos mayores.

América latina vislumbra un particular dinamismo en el que la vejez no parece estar entre las prioridades de casi ningún Estado. En Argentina, además de tener menos cobertura en los medicamentos (insumo básico en la canasta de un jubilado, http://www.cepid.com.ar/remedio-equivocado-supresion-la-cobertura-medicamentos-jubilados/), se ven seriamente perjudicados, entre variables económicas que profundizan las desigualdades de todo orden.

La ley 27260, que incluye el programa de Reparación Histórica, se promulgó en julio del 2016, aún vigente, es un programa que implementa acuerdos que permiten reajustar haberes y cancelar deudas previsionales, en el marco de una emergencia de litigiosidad previsional. La emergencia (por tres años) permitirá agilizar la cancelación de esas deudas a partir de un acuerdo transaccional entre la ANSES y los beneficiarios alcanzados por la ley. Los cálculos del reajuste no están explicitados en la ley, como así tampoco la retroactividad. El beneficiario puede, en caso de ser favorecido, obtener un reajuste automático, mediante una homologación con la Justicia, también agilizada para estos casos, y el Estado ofrece un pago casi inmediato de retroactivo, con acuerdo casi siempre inferior al que le corresponde, pero que se concreta en mucho menos tiempo que si fuese elevado a juicio.

Esa misma ley crea la PUAM, Pensión Universal al Adulto Mayor, de carácter vitalicio y no contributivo, que tiene en su constitución una lista de desventajas, que sentarán jurisprudencia muy desfavorable para los trabajadores en general y las mujeres en particular: ya que no son beneficios heredables, el haber es una mínima de la mínima (el 80% en términos nominales),es incompatible con cualquier otro beneficio, y eleva la edad de la mujer a 65 años.  También sólo por tres años.

Tres años después se inaugurará el nuevo régimen  previsional argentino, el cual según prevé la misma ley, será universal, integral, solidario y sustentable (no dice ni público, ni de reparto).

 Profesora María Cecilia Moreno