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Chacho Peñaloza
noviembre 12, 2017
24-de-marzo
24 de marzo
abril 2, 2018

DECRETO 4161/56 – PROHIBICIÓN DE TODA SIMBOLOGÍA PERONISTA

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Producido el golpe militar que derrocó al presidente Juan Domingo Perón en 1955, el presidente provisional de la autoproclamada “Revolución Libertadora”, general Eduardo Lonardi, representaba al sector más conciliador del antiperonismo triunfante. En sus discursos intentaba tranquilizar a los “hermanos trabajadores” asegurando que mantendría los derechos conquistados (y aún más: que éstos se ampliarían) bajo el viejo lema urquicista de que no habría “ni vencedores ni vencidos”. Según él, esto era posible si se intentaba replicar, sin las características negativas del régimen depuesto (el personalismo, la demagogia y la corrupción), la unión de militares nacionalistas y dirigentes sindicales que se había producido en 1943.

Sin embargo, a dos meses de gobierno, en noviembre de 1955 se produce un golpe palaciego al interior de la “Revolución Libertadora” y Lonardi debe renunciar, presionado por un grupo de oficiales del Ejército. Es que la supuesta tolerancia de los lonardistas (nacionalistas católicos) hacia los evidentes vencidos impacientaba al bando rabiosamente antiperonista (liberales) representado por el contraalmirante y vicepresidente de la Nación Isaac Rojas.

Asume, pues, el general Pedro Eugenio Aramburu como presidente de facto, y manteniéndose Rojas como vice se muestran decididos ya a encarar a fondo la higiénica tarea de eliminar toda huella de peronismo en la sociedad argentina. Se trata de la llamada política de “desperonización”, proceso luego a todas luces imposible que iba desde ordenar la proscripción del partido (decreto-ley 3855/55), intervenir la CGT y sindicatos, encarcelar a dirigentes políticos y sindicales peronistas, derogar la Constitución Nacional de 1949, hasta prohibir expresamente toda simbología peronista a través del decreto-ley 4.161 el 5 de marzo de 1956.

El decreto en cuestión, que convertía en fuerza de ley la irreductibilidad del antiperonismo más recalcitrante en su proyecto de desperonizar la sociedad argentina, constaba de cinco artículos en los que se establecía que quedaba “prohibida en todo el territorio de la Nación la utilización, con fines de afirmación ideológica Peronista […] o propaganda Peronista, por cualquier persona […] de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas artículos y obras artísticas, que pretendan tal carácter […] Se considerará especialmente violatoria de esta disposición, la utilización de la fotografía retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones “peronismo”, “peronista”, “justicialismo”, “justicialista”, “tercera posición”, la abreviatura PP, las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones musicales “Marcha de los Muchachos Peronista” y “Evita Capitana” o fragmentos de las mismas, y los discursos del presidente depuesto o su esposa o fragmentos de los mismos”. *Fuente: BO de la Rep. Argentina, 9 de marzo de 1956.

A su vez, el instrumento firmado por Aramburu, Rojas y Álvaro Alsogaray, determinaba las sanciones que correspondieran a sus infractores: pena de prisión de treinta días a seis años; las personas culpables debían pagar una multa y quedaban inhabilitadas para desempeñar cargos públicos, sindicales o en partidos políticos.

Este intenso odio cultural, racial, político y económico, instrumentado en un decreto-ley, perseguía el claro objetivo de disolver la identidad peronista y comenzar a organizar el olvido del pasado reciente, lo que habían dado en llamar la “Segunda Tiranía”, reviviendo la batalla de Caseros y la condena al olvido de Rosas (la “primera tiranía”). Quienes impulsaron el decreto lo hicieron con el convencimiento de que el peronismo “no habría sido otra cosa que una pasajera aberración seductora de las masas trabajadoras”, pero pronto quedó en claro que la identidad política peronista seguiría incólume pese a los intentos de reeducación colectiva de las masas.

Fue así que por la inercia de las prohibiciones y la mística de la clandestinidad, la memoria social se reafirmó en el contexto de la represión y la épica de la Resistencia Peronista. Desafiando la acción represiva, nuevas manifestaciones callejeras llenaban de pintadas las paredes con la frase “Perón Vuelve” o las iniciales PV (ver Imagen), mientras que tangos como “Fumando espero” o la flor Nomeolvides (sustituto del proscripto escudo peronista) seguían exhibiendo el sentido de pertenencia de los grandes grupos trabajadores y populares en el combate político y simbólico.

La política de olvido también incluyó cambios en la denominación de ciertas instituciones, los nombres de los territorios nacionales provincializados (Chaco, ex “presidente Perón”; La Pampa, ex “Eva Perón”), hasta la demolición de algunos edificios asociados con el régimen depuesto, a semejanza de lo sucedido en 2016 con el CCK (que tenía pretensiones de extenderse a todo el modelo de nomenclatura de los bienes muebles e inmuebles del Estado: http://www.cepid.com.ar/la-nacion-nombres/) y la nueva familia de billetes que “procura un punto de encuentro en el que todos los argentinos puedan sentirse representados” (F. Sturzenegger, presidente del Banco Central, 26/10/2016) ya no en nuestra historia, en nuevos personajes que susciten nuevas polémicas, sino en palos borrachos, guanacos y otros ejemplares de la flora y fauna autóctonas.

Un remozado decreto 4161 que incluso va más allá del peronismo busca aniquilar la representación simbólica de nuestra identidad, saldando la ociosa discusión histórica con imágenes neutras que vienen a reemplazar, no sólo a los hombres y mujeres que construyeron nuestra historia, sino principios nacionales tales como la historia misma (Mitre), independencia (San Martín), simbología patria (Belgrano), soberanía (Rosas), educación (Sarmiento), reclamos territoriales (Malvinas), la reivindicación de los sectores sociales más vulnerables (Evita), gobiernos populares (Yrigoyen) y, por último, la justicia social (Perón). De esta forma, el palo borracho ($2) reemplaza al padre de la Historia Oficial Argentina; el arrayán ($5) sustituye al libertador de América; el caldén ($10) de las regiones templadas secas desplaza al, entre otras cosas, creador de la enseña patria; el guanaco ($20) suplanta al defensor de la soberanía; un cóndor ($50) retira al mayor educador de Latinoamérica y al reclamo por las Islas; la taruca ($100) releva a la defensora de los humildes; una curiosa ballena invertida ($200) frustra la propuesta del primer gobierno popular y un yaguareté ($500) ocupa el lugar que la gestión anterior del BCRA ya le había asignado a quien la Libertadora prohibió nombrar.

 

 

Juan Manuel Reche – Profesor de Historia