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LA NOCHE DE LOS BASTONES LARGOS
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Crisis en Venezuela 2017

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Introducción

 

Durante los cuatro últimos meses Venezuela se encuentra atravesando una de las crisis política, económica y social más severas desde la llegada de Hugo Chávez Frías al gobierno en 1999. Desde el 1° de abril a la fecha se han extendido por todo el territorio venezolano numerosas y crecientes manifestaciones callejeras, siendo Distrito Capital, Miranda, Táchira, Carabobo y Mérida los estados que contabilizan mayor número de movilizaciones. En comparación con las movilizaciones realizadas en los meses de abril y mayo de 2016, se observa un incremento exponencial de la protesta callejera por parte de la oposición al presidente Nicolás Maduro.[1]

En el plano político, las denuncias de corrupción contra los funcionarios chavistas, la ineficiente administración de los recursos estatales y las acusaciones de acciones ilegales y autoritarias por parte de miembros del gobierno, han profundizado la brecha  entre el oficialismo y la oposición.[2] Los enfrentamientos entre dirigentes políticos de ambas facciones vienen escalando desde el 6 de diciembre de 2015, fecha en la que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) sufrió su peor derrota electoral. La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) logró, por primera vez desde 1999, el control de la Asamblea Nacional.[3]

La economía presenta serios problemas: una inflación galopante, un mercado negro del dólar fuera de control, que acelera el aumento de los precios, así como penurias sucesivas que no exceptúan el acceso a los bienes de consumo masivo. El desabastecimiento de productos de primera necesidad -tanto alimentarios como de higiene personal y del hogar- y de medicamentos transforma el día a día de los venezolanos en una incesante lucha para resolver necesidades que nunca antes conocieron este nivel de carencia. La tarea del Comité Local de Abastecimiento de Producción (CLAP), creado por el gobierno en abril de 2016, no logra resolver la crisis de escasez de productos necesarios para la vida cotidiana.[4]

La inseguridad es otro de los temas importantes a los que hace alusión la oposición, sin perder oportunidad de manifestar su preocupación y denunciar el elevado índice de homicidios, que convierten a Venezuela en uno de los países con una de las tasas más altas de la región.[5]

            Para comprender la intensidad del enfrentamiento político e ideológico que vive actualmente la sociedad venezolana, además de contar con mayores detalles que permitan comprender la gravedad de la situación, resulta necesario remontarnos a los acontecimientos más significativos del pasado reciente donde se han vivenciado experiencias de manifestaciones callejeras con altos niveles de “violencia insurreccional”.

1. Del “Caracazo” a la llegada de Hugo Chávez al poder

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Luego de una impresionante crisis económica que azotó al pueblo venezolano por casi una década, hacia fines de la década del ‘80 se produjo una fenomenal escalada del conflicto político y social, lo que desató revueltas populares masivas, las cuales fueron reprimidas de manera feroz e indiscriminada por fuerzas de seguridad y militares bajo las órdenes del presidente Carlos Andrés Pérez (1974-1979, 1989-1993).[6] El “Caracazo” o “Sacudón”, como se la conoce a esta serie de fuertes protestas y disturbios callejeros desatados entre el 27 de febrero y el 8 de marzo de 1989, dejó un saldo de 598 víctimas fatales en tan solo 48 horas, durante los días más álgidos de los enfrentamientos.

El 4 de febrero de 1992, el entonces teniente coronel Hugo Chávez Frías intentó un golpe de Estado y puso en tensión a los partidos Acción Democrática (AD, socialdemócrata) y Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI, democristiano), los cuales se alternaron en el gobierno de Venezuela durante 40 años (“Pacto del Punto Fijo”, 1958-1998). El 27 de noviembre del mismo año se produjo otro intento de golpe de Estado frustrado. Ante el fracaso operacional de las acciones militares, Chávez fue detenido y condenado por la justicia a cumplir su pena en la cárcel junto a otros militares que acompañaron la rebelión.

El 6 de diciembre de 1998, luego de haber cumplido su condena y dedicarse a la construcción de una propuesta política radical de refundación institucional y anticorrupción, Hugo Chávez alcanzó la presidencia de la República a través del voto popular en elecciones libres y democráticas. El triunfo electoral significó un cambio paradigmático en la política venezolana. Representó una respuesta popular a una crisis profunda del Estado (ineficiencia, altos niveles de corrupción y clientelismo); a la deslegitimación de las elites políticas que dejaron de atender las necesidades de la población más perjudicada por la crisis económica y social, y al colapso del sistema de partidos y de cualquier forma de mediación política.

Desde que asumió como presidente de Venezuela, Chávez centró todos sus esfuerzos en consolidar su programa político y económico con una marcada agenda centrada en las necesidades sociales de los sectores populares. Se propuso mantener en poder del Estado su principal recurso económico, el petróleo, y actuar en el seno de la OPEP para que ésta mantenga precios internacionales razonables: esa fue la principal motivación de sus visitas a Libia e Irak, entre otros varios países (de Europa, además de Argelia, Arabia Saudita y Rusia). También se propuso una reforma fiscal cuyo objetivo fue cobrar impuestos a los que mayores ganancias recibían; una reforma agraria que distribuyera tierras fiscales entre los campesinos y gravara  sustancialmente los millones de hectáreas improductivas en enormes latifundios, en un país con enormes potencialidades productivas pero obligado a importar el 70% de los alimentos que consume. La Ley de Pesca, por su parte, extendió de 3 a 6 millas marítimas la zona de protección costera, para resguardar a los pescadores artesanales y el equilibrio biológico marino.

2. El control estatal de las empresas petroleras

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La mayor fuente de riqueza y poder económico en Venezuela es el petróleo, que se encuentra bajo control estatal amparado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En su Artículo 303° determina que “por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A.,  o del ente creado para el manejo de la industria petrolera”. La renta petrolera mueve la economía y la política.

Por esta razón, el principal incitador del primer intento golpista contra Chávez en abril de 2002 fue el gobierno de Estados Unidos, cuyos objetivos fueron centralmente la privatización del petróleo y el afianzamiento del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Acompañaron esta iniciativa los empresarios del sector, la oposición política que representaba los intereses económicos del poder concentrado, los principales medios masivos de comunicación y la Iglesia católica.

El primer intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez buscó recuperar y tomar el control total de la industria petrolera venezolana. Motivo por el cual, en las primeras horas de la sublevación, el nuevo gobierno derogó de un plumazo la Constitución Nacional de la República y la Ley de Hidrocarburos. Esta última, sancionada en noviembre de 2001, la cual estableció la propiedad nacional sobre todos los yacimientos de hidrocarburos. Las actividades primarias, de explotación, extracción, recolección, transporte y almacenamiento iniciales quedaron así reservadas al Estado, a empresas de propiedad estatal o a aquellas empresas mixtas en las que el Estado mantenga una participación mayor al 50%. Las actividades de comercialización interna y externa de los hidrocarburos naturales, según la legislación mencionada anteriormente, sólo pueden ser efectuadas por empresas estatales. Al mismo tiempo, la comercialización de los productos derivados puede ser realizada por el Estado, por empresas mixtas o privadas.

Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) fue creada por decreto gubernamental durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez luego de la nacionalización de la industria petrolera, dando inicio a sus operaciones el 1° de enero de 1976. Tiene una base de activos de más de 50.000 millones de dólares; cuenta con las mayores reservas de hidrocarburos del continente americano (78.000 millones de barriles de crudo), puede producir 3,8 millones de barriles diarios, con una infraestructura que incluye 20.000 pozos activos y más de 6.000 km de oleoductos. Está implantada en Estados Unidos, la Unión Europea, el Sudeste de Asia y varios países de América Latina y el Caribe. Exporta 2,7 millones de barriles diarios, de los cuales el 70% va a Estados Unidos. Es la mayor empresa de América Latina en cuanto a ventas, utilidades y patrimonio.

3. Auge y caída del primer intento golpista contra Chávez

El 11 de abril de 2002, una coalición conformada por la organización patronal Fedecámaras, la dirigencia sindical de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), un sector de la jerarquía eclesiástica y los más importantes medios de comunicación, más algunos altos militares disidentes, intentó llevar a cabo un golpe de Estado que destituyera al presidente constitucional Hugo Chávez. El intento fracasó en menos de 48 horas. El principal detonante de la envestida opositora fue la designación por parte del presidente Chávez de una nueva dirección para la empresa petrolera del Estado y un enfrentamiento en Caracas entre sus partidarios y la oposición.

3.1. Antecedentes a tener en cuenta:

06/02/2002 El secretario de Estado de EE.UU., Colin Powell pone en duda ante el Senado que “Chávez crea realmente en la democracia”, y critica sus visitas “a gobiernos hostiles a Estados Unidos y sospechosos de apoyar al terrorismo, como Saddam Hussein y Muammar Khadafi”.

05/03/2002 El secretario general de CTV, Carlos Ortega, estrecha la mano de Pedro Carmona, y junto a la Iglesia católica como testigo, firmó un “Pacto nacional de gobernabilidad” cuyo principal objetivo fue “la salida democrática y constitucional” del presidente Hugo Chávez Frías.

25/03/2002 Alfredo Peña, alcalde general de Caracas, se reúne subrepticiamente con autoridades estadounidenses, entre ellos Otto Reich, subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos.

04/04/2002  Desde esa fecha y hasta el 11 de abril se producirán 21 víctimas fatales, 9 en medio de las manifestaciones y las 12 restantes como producto de la ola de violencia desatada en las calles al oeste de Caracas (electrocutadas con una heladera durante los saqueos).

3. 2. El Día D: el 11-A

El 11 de abril amanece con más de 300.000 opositores al gobierno marchando pacíficamente hacia la sede de PDVSA-Chuao, situado al este de Caracas. A las 13.00hs, al oeste de la ciudad, en el palacio presidencial, el ministro de la Presidencia Rafael Vargas, hace llegar su informe a las autoridades del gobierno. Los manifestantes llegan a menos de 100 metros del Palacio Miraflores, el cual se encontraba custodiado por cientos de chavistas armados con palos y piedras. Luego de los disparos ocasionados por francotiradores desconocidos se produce un enfrentamiento que tiene como saldo 15 muertos y 350 heridos, de los cuales 157 fueron víctimas de heridas provocadas por armas de fuego.[7]

Al día siguiente asume la presidencia de la República Pedro Carmona Estanga. Inmediatamente después de la aparición de Pedro Carmona, el Fondo Monetario Internacional hizo trascender en sus declaraciones la voluntad de ayudar económicamente al “nuevo” gobierno. Simultáneamente, los embajadores de EE.UU y España fueron los únicos en saludar a Carmona luego de que éste decretara la disolución de la Asamblea y la Corte Suprema, la destitución de todas las autoridades legítimamente elegidas y la suspensión de las ventas de petróleo a Cuba.[8] Durante la noche anula las medidas que restringen la usura sobre los créditos indexados, y hombres armados desalojan campesinos de las tierras repartidas por el gobierno y queman sus viviendas. Ignorando toda norma del Derecho Internacional, grupos violentos y armados comandados por el alcalde de Baruta, Enrique Capriles Radonsky, asedian la Embajada de Cuba, saltan sus muros, destruyen automóviles y ventanas, cortan el agua y la luz y pretenden ingresar por la fuerza a la misma sede diplomática.

El 13 de abril cientos de miles de chavistas ocupan las calles y plazas de todo el país, pidiendo por la restitución del presidente Chávez. Durante la tarde, la Guardia de Honor volvió a ocupar Miraflores y ayudó a algunos ministros a ocupar el despacho presidencial. Seguidamente, el general Raúl Baduel, jefe de la Brigada 42 de paracaidistas de Maracay, y otros comandantes leales al gobierno democrático retomaron el control de las guarniciones militares. Por la noche, Hugo Chávez fue devuelto a sus funciones. El saldo de víctimas fatales superó las 50, la mayoría defensoras del presidente electo.

Durante las pocas horas que duró la intentona golpista el rol de los medios concentrados de comunicación fue central, instigando permanentemente a la destitución de las autoridades políticas, la guerra civil y el magnicidio. Los principales medios opositores, entre los que podemos mencionar Daily Journal (en inglés), El Nacional, El Universal, Tal Cual, buscaron generar caos y miedo social, provocando la ingobernabilidad y el estallido de violencia insurreccional. En este sentido, el fiscal Isaías Rodríguez afirmó posteriormente a los hechos que los medios privados si hicieron “cómplices del golpe de Estado” al no denunciar en su debido momento los hechos que ocurrían durante el interinato de Carmona.[9]

4. Nueva embestida de la oposición al chavismo

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A inicios del mes de febrero de 2014, grupos de estudiantes comenzaron a organizar movilizaciones en los Estados andinos de Mérida y Táchira, las cuales se extendieron a Caracas y otras ciudades de la costa venezolana. Fueron canalizadas por algunos sectores de la oposición política para exponer sus propósitos denominados “La Salida”, refiriéndose a la exigencia de renuncia del presidente Nicolás Maduro.[10]

En la capital, una parte de la manifestación degeneró en un motín. Se encendieron automóviles, miembros de las fuerzas de seguridad recibieron agresiones, y algunas instituciones públicas fueron blanco de ataques, entre ellas, el edificio del canal de televisión estatal, donde un periodista resultó herido de bala. En medio del caos, se multiplicaron los disparos, resultando muertos dos simpatizantes de la oposición y un militante chavista.

En la primera semana de movilizaciones surgió a la escena mediática un grupo de motorizados civiles armados disparando a la multitud. En los últimos días se extendió el fenómeno de la guarimba -cortes de calles, rutas y vías de acceso- en combinación con emboscadas que resultaron con más víctimas fatales y heridos. Mientras el gobierno no reconoció filiación política con los motorizados armados[11], la oposición no avaló relación alguna con los guarimberos[12].

Diferentes organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, instalaron en la agenda pública el tema de la criminalización de la protesta social, las torturas recibidas por detenidos y la falta de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión por parte de los periodistas y medios de comunicación.

La fiscal general Luisa Ortega Díaz ordenó la encarcelación de Leopoldo López, uno de los principales líderes de la oposición, por incitación a la violencia.[13] Días después, el gobierno ordenó el arresto de quince policías sospechados de haber infringido la ley durante las manifestaciones. La fiscal general dió a conocer varios informes que daban cuenta de las muertes, los heridos y los arrestos arbitrarios, y recibió a la organización de defensa de los derechos humanos PROVEA (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos)[14], que se la consideraba cercana a la oposición.

Las reuniones con gobernadores, la convocatoria a movilizaciones y eventos por la paz social en el país, el anuncio de planes sociales y medidas económicas tendiente a flexibilizar el mercado cambiario y la propuesta para el restablecimiento de vínculos diplomáticos con Estados Unidos constituyeron acciones de apertura tendientes a revertir la radicalización del discurso de la semana anterior.

Mientras López, quien se entregó a la justicia el 18 de febrero, continuaba detenido en carácter preventivo en tanto se investigaba su participación en hechos violentos ocurridos el 12F, el gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, y el gobernador de Lara, el ex chavista Henry Falcón, mostraron una postura favorable a la táctica de las movilizaciones sociales, contradiciendo su posición original de mantener canales de diálogo con el Gobierno avalando las vías institucionales como única forma posible de transición política.

En el orden internacional, al mismo tiempo que Panamá, presionada por los Estados Unidos, solicitó la realización de una reunión de urgencia del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para analizar a nivel hemisférico la situación política de Venezuela, el Gobierno de Maduro logró dilatar esa posibilidad invocando la legitimidad de la UNASUR como instrumento multilateral con capacidad de intervenir en situaciones políticas internas de los Estados miembros. En este sentido, el canciller Elías Jaua realizó una gira por Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil, Surinam y Guyana, intentando adhesión para la convocatoria a una reunión extraordinaria que avale la postura venezolana.

El 27 de febrero, el Departamento de Estado estadounidense publicó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. En esa oportunidad, John Kelly declaró: “El gobierno reprimió a manifestantes pacíficos, desplegando a hombres armados, encarcelando a estudiantes y limitando drásticamente la libertad de expresión y asociación. La solución a los problemas de Venezuela no reside en la violencia, sino en el diálogo”.

El apoyo de los Estados Unidos a la oposición venezolana no sólo fue diplomático. Como ha sido demostrado en los últimos años, Washington entregó cientos de miles de dólares a programas destinados a los jóvenes y estudiantes por intermediación de la Fundación Nacional para la Democracia (NED), organismo paraestatal financiado por el Departamento de Estado. Así lo corroboran los telegramas diplomáticos divulgados por WikiLeaks, donde ha podido comprobarse su estrecha vinculación con los grupos de estudiantes cercanos a la oposición, sino también sus maniobras contra el gobierno bolivariano, como la “infiltración de la base política de Chávez”, la “división de los chavistas” o el “aislamiento de Chávez en la escena internacional”.

Una vez lograda la pacificación del país, el 6 de marzo de 2014 las autoridades gubernamentales mostraron que las cifras oficiales dieron cuenta de veintiún venezolanos muertos, aunque otras fuentes hablaban un número superior a las cuarenta víctimas fatales.[15]

5. Abril del 2017, Venezuela en llamas

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El 6 de abril de 2017, durante manifestaciones callejeras se producen desmanes en diferentes instituciones públicas y gubernamentales, entre las que se encontraron: el centro educativo Liceo Gustavo Herrera de Chacao (Miranda), el Centro de Diagnóstico Integral, la Sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), estaciones de metro, metrobuses y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Las fuentes oficiales del gobierno y organismos de inteligencia militar y seguridad mencionan la existencia de dos factores que actuaron como instigadores de hechos de violencia por parte de los manifestantes: a) el terrorismo de calle, y b) la propagación en redes sociales de publicidad que llamaba a destituir el gobierno constitucional de Nicolás Maduro, “Tranca Contra el Golpe de Estado”.

Al comienzo de las manifestaciones pudieron detectarse 7 puntos urbanos de concentración callejera, los cuales se dirigieron hacia Altamira con la intención de concentrar en un solo lugar. Fueron los principales instigadores a la violencia insurreccional algunos de los referentes más reconocidos de los partidos políticos Primero Justicia (PJ)[16] y Voluntad Popular (VP). Este último liderado desde la cárcel por Leopoldo López, quien cumple una condena de casi 14 años de prisión dictada por la juez Susana Barreiros.[17] Por sus problemas de salud la justicia venezolana le concedió recientemente el beneficio de seguir cumpliendo su pena fuera de la cárcel.[18]

            También fue identificado por las fuerzas de seguridad, gracias al aporte que hicieran algunos detenidos durante los incidentes en el Tribunal Supremo de Justicia, el Secretario de Organización de la Juventud de Primero Justicia, el militante Carmelo Zambrano. Éste tuvo la responsabilidad de cumplir las directivas del Diputado Tomás Guarida, proveyendo medios y dinero a las organizaciones de base encargadas de producir los daños planificados desde los órganos de conducción del partido.

            Desde comienzos del mes de abril a la fecha, han pasado más de cien días de caos y protestas callejeras masivas en los principales centros urbanos de Venezuela. Se incrementan el número de detenidos, heridos y víctimas fatales. La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) y el Foro por la Vida[19] (nuclea a 12 ONG)[20], en diferentes oportunidades emitieron comunicados denunciando la represión de las protestas sociales por parte de policías y militares, violación de derechos humanos de los manifestantes, violaciones a la libertad de expresión y criminalización de la opinión.

5.1. Indicios de una posible profundización del conflicto: incremento del Poder Militar

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 El gobierno bolivariano entiende y hace responsable de los conflictos violentos internos al Departamento de Estado norteamericano y su aliado regional, el país de vecino de Colombia. Según las hipótesis de las autoridades militares, las regiones fronterizas (Estados de Táchira y Zulia) están siendo asediadas desde ese país. La posibilidad de una intervención militar norteamericana ha puesto en alerta al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

Los Artículos 322° y 326° de la Constitución Bolivariana establecen dos concepciones fundamentales para la defensa del pueblo venezolano: el primero de ellos, es el concepto de Pueblo en Armas, y el segundo, directamente vinculado al mencionado anteriormente, es la organización de la Milicia Nacional Bolivariana, creada el 13 de abril de 2010.

Ambos representan para el gobierno:

Una unidad cívico-militar que sirve de complemento al Sistema de Defensa Nacional a través del desarrollo de acciones integrales en el seno de los Consejos Comunales.
Establece la corresponsabilidad en la Defensa Integral de la Patria.
Son elementos estratégicos y están considerados la principal “arma” que posee el Pueblo Bolivariano para su subsistencia.
Garantizan el proceso de Revolución Pacífica pero Armada.

Es por esta razón que el territorio nacional venezolano fue dividido en 99 Áreas de Defensa Integral (ADI), las cuales se suman y robustecen la planificación estratégico-operacional de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (Redi)y las Zonas de Defensa Integral (Zodi).

Existen dos datos significativos a tener en cuenta a la hora de analizar el poderío cívico-militar con que cuenta el chavismo y que evidentemente la oposición no desconoce pero está dispuesta a enfrentar. En primer lugar, el reciente corrimiento del ministro de Defensa, Gral. Vladimir Padrino López, del cargo en la Jefatura del Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas (CEOFANB), donde fue designado el almirante Remigio Ceballos Isacho (ex edecán del Comandante Hugo Chávez), representa un claro intento del gobierno por tomar el control directo y total de la situación. Pues de esta manera, las comandancias de las Regiones de Defensa Integral dependerán directamente de Diosdado Cabello.

Por otra parte, el pasado 20 de junio, el Ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, activó el “Plan Chamba Juvenil”. Por este medio, el chavismo se ha propuesto reclutar 40.000 hombres y mujeres para la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ambos cuerpos destinados a mantener el orden en las calles y reprimir las multitudinarias movilizaciones contra el gobierno. De esta manera, se busca remediar dos importantes flagelos que asedian a la sociedad venezolana: el desempleo juvenil y los disturbios callejeros en los principales centros urbanos del país.

 Conclusiones

1. Venezuela está sufriendo la peor crisis económica desde 1989 a nuestros días. La llamada “Gran depresión de la economía venezolana”, está asociada al deterioro que se comenzó a advertir en los principales indicadores macroeconómicos a partir del año 2012, y cuyas consecuencias se han extendido en el tiempo hasta la actualidad. El inicio de la crisis económica supuso la explosión de distintos factores: la crisis financiera, escasez de alimentos y medicinas, cierre de empresas privadas, inflación, la falta de divisas y finalmente el aumento del desempleo.

2. La crisis política y social parece profundizar las multitudinarias manifestaciones callejeras, organizadas en batallones de opositores que parecieran imitar las legendarias tácticas de los ejércitos de hoplitas de la Antigua Grecia. Utilizando cascos, máscaras de gas, capuchas y escudos identificados con símbolos o consignas de la oposición, se enfrentan a cascotazos, bombas molotov y palos con los efectivos de la Guardia Nacional Bolivarina. Pese a disponer de un organizado dispositivo de sanidad, que articula voluntarios en tareas de primeros auxilios y postas sanitarias que funcionan de dependencias públicas y privadas, el número de muertos durante los enfrentamientos se eleva a más de cien. Entre los que se encuentran tanto manifestantes de la oposición como seguidores del chavismo y efectivos de las fuerzas de seguridad y militares. A diferencia de los sucesos ocurridos en abril de 2002 y febrero de 2014, donde el gobierno pudo retomar el control de la situación, pareciera que la escalada del conflicto iniciado en abril de 2017 no logra encontrar puntos de encuentro entre las partes en punga y tiende a profundizar los enfrentamientos.

3.  El presidente Maduro ha manifestado en declaraciones públicas que está convencido que si se llama a elecciones en lo inmediato el chavismo vuelve a ganar porque es “mayoría social y cultural”. A pocos días de realizarse las elecciones para designar a los 537 integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente (30/07/2017), la cual buscará modificar la Constitución Bolivariana de Venezuela, la oposición convocó -tras un paro de 24 horas la semana pasada- a una nueva huelga general de 48 horas para los días miércoles y jueves (26 y 27 de julio), con bloqueo de calles y manifestaciones masivas. Y para el día viernes, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) llamó a una gran marcha en Caracas, bajo la advertencia de que si Maduro insiste en la elección tomará acciones más contundentes el sábado y el domingo en lo que llama un “boicot cívico electoral”.

4. La permanencia de un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) divido en dos alas, una representada por los poderes que emana la Constitución y otra nombrada por la mayoría opositora en el Congreso, imposibilita el pleno ejercicio de la división de poderes, además de generar desconfianza en la ciudadanía, que corre un severo riesgo al no tener las garantías suficientes que la ley ampara. Es en este contexto donde la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, representante del Ministerio Público manifestó su desacuerdo con la medida tomada por el gobierno, tachándola de “ruptura del orden constitucional”.

5. La alianza cívico-militar que Maduro ha afianzado poniendo decenas de militares en cargos ministeriales permite pensar que, pese a la existencia de diferencias programáticas entre los propios militares, el gobierno apunta a terminar su mandato constitucional y buscar la continuidad del proyecto político del Socialismo del Siglo XXI. El presidente venezolano invitó a los militares a presentar propuestas para la Asamblea Nacional Constituyente con el fin de reforzar la unión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con civiles. El Ministro del Poder Popular para la Defensa, General Vladimir Padrino López, sostiene que los detenidos y procesados por la jurisdicción militar están enmarcados en la Constitución y la ley.

6. En la región, los actuales gobiernos de Argentina y Brasil, a diferencia de la postura asumida por sus predecesores, se han distanciado de las posiciones adoptadas por el presidente Nicolás Maduro. Así quedó expresado en la última sesión plenaria del MERCOSUR, realizada en la Argentina y donde los estados miembros emitieron un comunicado en el cual manifestaron su “profunda preocupación por el agravamiento de la crisis política, social y humanitaria” en Venezuela, a la vez que instaron al “cese de toda violencia y a la liberación de todos los detenidos por razones políticas”. Mientras tanto, los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba y otras pequeñas naciones del Caribe manifiestan son apoyo al gobierno de Maduro. Los tres primeros apoyaron al presidente venezolano cuando anunció la salida de su país de la Organización de Estados Americanos (OEA), por considerar que este organismo multilateral respondía a las acciones intrusivas, arbitrarias e ilícitas promocionadas por los Estados Unidos.

7. Desde la asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, la política exterior de ese país hacía Venezuela ha recrudecido las críticas al gobierno y alentado la denuncia internacional por la violación de los derechos humanos. Como contestación a estas denuncias, el gobierno venezolano exige a EE.UU. el cese del “financiamiento ilegal” a factores “extremistas” de la oposición “que ha abandonado el camino de la política para adoptar la violencia”. Sin embargo, en recientes declaraciones, el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, aseguró que la Casa Blanca prepara más sanciones económicas para los representantes del gobierno bolivariano. Esta no es la primer arremetida de la administración Trump en contra de Caracas, en pleno desarrollo de la última crisis el Tesoro sancionó a varios jueces del Tribunal Supremo de Justicia y, previamente, al vicepresidente ejecutivo, Tareck El Aissami. La relación diplomática entre ambos países tiende a distanciarse aún más y difícilmente retomen el camino del diálogo. Máxime cuando Washington insita a los países de la OEA a que apliquen la Carta Democrática al gobierno de Maduro.

 Prof. Roberto A. Román

Referencias

[1] En los últimos dos meses se registraron 1.791 protestas contra el gobierno de Maduro. El Observatorio de Conflictividad Social (OVCS) documentó todas las concentraciones en el país. Según reveló un informe de esta reconocida ONG, se llevaron a cabo 30 protestas diarias en todo el país desde el 1° de Abril.

[2] CHER, Ladan Venezuela, presa de la corrupción. Le Monde diplomatique, Marzo 2015.

[3] RAMONET, Ignacio Venezuela candente. Le Monde diplomatique, Enero 2016.

[4] RAMÍREZ, Loïc Los chavistas buscan salvar la Revolución. Le Monde diplomatique, Julio 2016.

[5] Venezuela está posicionada tercera en el ranking de homicidios entre los países latinoamericanos, cuenta con una tasa de 58.0 homicidios cada 100 mil habitantes. La preceden El Salvador (91.2) y Honduras (59.1).

[6] Carlos Pérez fue el primer presidente en toda la historia constitucional de Venezuela en ser procesado por la justicia en el ejercicio de sus funciones. El 12 de marzo de 1993, el fiscal general de la República, Ramón Escovar Salom, presentó de forma inesperada ante la Corte Suprema de Justicia una demanda contra él por malversación y peculado de partidas presupuestarias secretas. La Corte Suprema declaró el 20 de mayo de 1993 que sí había indicios para enjuiciar al presidente. Pérez fue suspendido de sus funciones públicas y se encargó de la presidencia interina de la República el presidente del Senado, Octavio Lepage, que fue sustituido en junio de ese año por el senador de Acción Democrática Ramón Velásquez. El 30 de mayo de 1996, la Corte sentenció al ya ex presidente, si bien desconsideró el agravante de peculado.

 

[7] Los testigos presenciales distinguieron francotiradores parapetados en las azoteas de los edificios Edén y Ausonia, cercanos a Miraflores. Siete presuntos francotiradores fueron detenidos por los seguidores de Chávez y entregados a la Guardia de Honor. Tres fueron liberados el sábado 12 de abril, en horas de la mañana, por órdenes expresas del contralmirante Carlos Molina Tamayor. Los restantes fueron puestos a la orden de la División de Servicio de Prevención (DISIP), pero liberados por orden de un fiscal e inmediatamente viajaron al exterior. También existen pruebas fotográficas y videos que demuestran como la Policía Metropolitana salió dispuesta a disparar utilizando guantes quirúrgicos para esconder la autoría de los disparos.

[8] Empresarios de EE.UU y España son quienes realizan las mayores inversiones en Venezuela, además de compartir el aislamiento a Cuba por parte de sus gobiernos.

[9] BRITTO GARCÍA, Luis Dictadura mediática en Venezuela. Investigación de una prensa por encima de toda sospecha. Ediciones Le Monde diplomatique, “El Dipló” (Capital Intelectual S.A.), Buenos Aires, Argentina, 2004.

[10] Como consecuencia del fallecimiento del Presidente Hugo Chávez (05/03/2013), las elecciones realizadas el 14 de abril del mismo año otorgaron un triunfo ajustado al candidato oficialista Nicolás Maduro. Según información del Consejo Nacional Electoral (CNE), Maduro obtuvo el 50,78% de los votos (7.575.704 votos) y Henrique Capriles Radonski alcanzó el 48,95% (7.302.648 votos), con una diferencia entre candidatos de 273.056 votos, la cual representa 1,83%. La participación del electorado fue del 76%.

[11] Motorizados Armados: identificados con algunos movimientos sociales y políticos afines a los postulados gubernamentales que operan en los barrios populares del Distrito Capital de Caracas (especialmente los barrios 23 de Enero, Catía y Petare). Pueden mencionarse: el Movimiento Revolucionario Tupamaro -forma parte de la coalición oficialista Gran Polo Patriótico-, el Movimiento Revolucionario de Liberación Carapaica, los colectivos La Piedrita, Montaraz, Simón Bolívar y Alexis Vive. La utilización de armas de fuego en las recientes movilizaciones les valió el mote de “grupo paramilitar o brazo armado del Gobierno” por parte de sectores opositores, siendo denominados “colectivos urbanos armados” por los medios de comunicación.

[12] Guarimbas o barricadas: se trata de un fenómeno que consiste en la extensión de cortes de calles, rutas y vías de acceso, en combinación con emboscadas, con la finalidad de impedir la libre circulación o la movilización de protestas.

[13] Leopoldo López fue Alcalde del municipio del Chacao, entre 2000 y 2008. Durante el intento de golpe de febrero de 2002, no firmó el Acta Constitutiva del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional, conocida como el “decreto Carmona”. En diciembre de 2009 fundó junto a otros líderes de la oposición el movimiento Voluntad Popular (VP), el cual se transformó en un partido político de vocación socialdemócrata adscrito a la Internacional Socialista. Su obstinado rol de opositor al gobierno chavista lo convirtió en el líder de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

[14] Organización no gubernamental fundada en 1988 para la promoción de los derechos humanos en Venezuela. Mantiene en su esfera al Foro Penal Venezolano (FPV) que brinda asesoría a personas interesadas en la defensa jurídica de sus derechos humanos como acción u omisión del Estado (especialmente derechos económicos, sociales y culturales).

 

[15] Según el Ministerio Público en su informe “Resultados de las manifestaciones violentas FEB-MAR2014” (27/03/2014), así como informaciones brindadas por la representante de la Fiscalía (Luisa Ortega Díaz) se registraron hasta esa fecha: 39 fallecidos (31 civiles y 8 funcionarios policiales o militares), 608 lesionados (414 civiles y 197 funcionarios policiales y militares) y 168 detenidos (los Estados con mayor número de detenidos fueron Miranda, Zulia y Táchira). Asimismo, el Ministerio Público informó la vigencia de 81 investigaciones por presunta violación de derechos humanos (homicidio, tortura y trato cruel).

[16] Diputados de PJ implicados en los hechos: 1) Tomás Guarida (principal organizador), 2) José Guerra y 3) Marialbert Barrios.

[17] Luego de su detención por la participación en los sucesos de febrero de 2014, se le imputaron a López los delitos de: asociación ilícita, instigación a delinquir, intimidación pública, incendio de edificios públicos, daños a la propiedad pública, lesiones graves, homicidio y terrorismo.

[18] Consultar: Página/12, 08/07/2017 “Prisión domiciliaria para Leopoldo López”; La Nación, 11/07/2017 “Prisión domiciliaria para López”; Télam, 09/07/2017 “Los primeros días en prisión domiciliaria del líder opositor, Leopoldo López”.

[19] Se presenta como una plataforma de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en Venezuela surgida en 1997 que tiene la finalidad de promover la plena vigencia de los derechos humanos y contribuir al estado de derecho.

[20] Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI), Acción Solidaria (ACSOL), Quinta Los Olivos, Cáritas, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela (SECORVE), Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos del 27FEB y MAR de 1989 (COFAVIC), Comité de Víctimas contra la Impunidad del Estado Lara (COVICIL), Espacio Público Torre Madrices, Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui, Fundación Justicia y Paz de Petare, Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, PROVEA, Servicio Jesuita a Refugiados y Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis Caracas.

 

Fuentes Bibliográficas

 

– BILBAO, Luis Chávez y la Revolución Bolivariana. Ediciones Le Monde diplomatique, “El Dipló” (Capital Intelectual S.A.), Buenos Aires, Argentina, 2002.

– BRITTO GARCÍA, Luis Dictadura mediática en Venezuela. Investigación de una prensa por encima de toda sospecha. Ediciones Le Monde diplomatique, “El Dipló” (Capital Intelectual S.A.), Buenos Aires, Argentina, 2004.

– CALCAGNO, Alfredo Eric y CALCAGNO, Eric Economía de la sublevación. Le Monde diplomatique, Mayo 2002.

– CHER, Ladan Venezuela, presa de la corrupción. Le Monde diplomatique, Marzo 2015.

– GABETTA, Carlos Lecciones desde Venezuela. Le Monde diplomatique, Mayo 2002.

– LEMOINE, Maurice Golpe de Estado abortado en Caracas. Le Monde diplomatique, Mayo 2002.

– LÓPEZ, Leopoldo Preso pero Libre. Notas desde la cárcel del líder venezolano. Ediciones Península, CABA, Argentina, 2016.

– MAIN, Alexander El estallido venezolano. Le Monde diplomatique, Abril 2014.

– RAMÍREZ, Loïc Los chavistas buscan salvar la Revolución. Le Monde diplomatique, Julio 2016.

– RAMONET, Ignacio Venezuela candente. Le Monde diplomatique, Enero 2016.

– SANJUAN, Ana María Claroscuros bolivarianos. Le Monde diplomatique, Agosto 2002.

– VÁZQUEZ, Federico La grieta Venezolana. Le Monde diplomatique, Abril 2015.

 

Documentales

 

– “La revolución no será televisada”, también conocida como Chavez: Inside the Coup. Es una película irlandesa documental de 2003 dirigida por Kim Bartley y  Donnacha O’Briain.

– “Puente Llaguno: Claves de una masacre”. Película documental de 2004 dirigida por Ángel Fierros Palacios.